DEFENSORIA PÚBLICA

DEFENSORÍA PÚBLICA

La Defensoría Pública del Ecuador es un organismo autónomo que forma parte de la Función Judicial, cuyo fin es garantizar el pleno e igual acceso a la justicia de las personas que, por su estado de indefensión o condición económica, social o cultural, no pueden contratar los servicios de defensa legal para la protección de sus derechos como se indica en la siguiente página web.

La Defensoría Pública orienta, informa y asesora a la ciudadanía acerca de los recursos legales a los cuales pueden recurrir en su beneficio, además permanentemente observa los procedimientos y prácticas que aseguran la calidad, eficacia, eficiencia, ética, oportunidad y gratuidad de su servicio, siempre privilegiando los intereses de la persona defendida.

Misión

Defender gratuitamente a las personas en condiciones económica, social y cultural de vulnerabilidad o en estado de indefensión, garantizando su acceso a la justicia, a un juicio justo y el respeto a los derechos humanos. 

Visión

Somos una institución que fortalece el ejercicio de los derechos, exige el cumplimiento de las garantías del debido proceso y promueve una cultura de paz. 

Ejes Estratégicos

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL: La Defensoría Pública es una institución relativamente nueva, por lo tanto una de sus prioridades es generar las suficientes capacidades institucionales (talento humano, infraestructura física y tecnológica, en términos de cobertura, calidad y calidez), para responder adecuadamente a la demanda de servicios de defensa.

SISTEMA NACIONAL DE DEFENSA PÚBLICA: La Defensoría Pública tiene la competencia de acreditar a los consultorios jurídicos de las universidades con quienes se propone establecer alianzas estratégicas que permitan ampliar la cobertura de servicios defensoriales. El Sistema Nacional de Defensa Pública está conformado por consultorios jurídicos gratuitos de universidades, ONG´s, entre otras instituciones.

COMUNICACIÓN CORPORATIVA: la Defensoría Pública pone énfasis en una comunicación con enfoques de género, interculturalidad e intergeneracional basada en los principios constitucionales y legales de equidad, justicia, transparencia, publicidad, rendición de cuentas, control social, gratuidad y apertura institucional hacia la ciudadanía. Esta comunicación establece las formas de relacionamiento de la Defensoría Pública con sus diferentes públicos: usuarios(as) del servicio, entidades de gobierno (nacional y local), organismos internacionales, medios de comunicación, funcionarios(as) de la institución y la sociedad en general.

CULTURA DE PAZ: La Defensoría Pública busca reducir el nivel de judicialización de casos a través de la solución alternativa de conflictos, lo que contribuiría a descongestionar el sistema judicial y permitiría un diálogo constructivo capaz de garantizar y restituir derechos a la ciudadanía.

COORDINACIÓN CON EL SECTOR JUSTICIA: Como parte del sistema de justicia, la Defensoría Pública necesita coordinar sus acciones con los otros entes del sistema para ofrecer un servicio oportuno a la ciudadanía, evitar duplicación de esfuerzos y compartir información, tecnologías, procesos y recursos. 

 

Valores
    Ética
    Transparencia
    Equidad
    Excelencia en el servicio
    Disposición al cambio
    Trabajo en equipo

Funciones de la Defensoría Pública

De acuerdo con la Constitución y la ley, la Defensoría Pública del Ecuador deberá cumplir los siguientes mandatos y objetivos específicos:

 

 Ejercer la rectoría del servicio de defensa pública en la República del Ecuador.

    Implementar un sistema nacional de defensoría pública, que preste servicios gratuitos de patrocinio legal y de resolución temprana de conflictos, con cobertura nacional en todas las materias, incorporando la participación de otras organizaciones sociales y niveles de gobierno.

    Dirigir, organizar e implementar el servicio de defensa pública, con prioridad en los ámbitos penal, niñez, adolescencia y laboral.

    Ofrecer a la ciudadanía un servicio de defensa jurídica gratuita, técnica y oportuna, a fin de obtener resoluciones judiciales oportunas conforme a Derecho, promoviendo el respeto a las reglas del debido proceso.

    Procesar y entregar de modo gratuito y oportuno, los servicios de orientación, asesoría legal, asistencia y representación judicial, a las personas que no puedan contar con ellos en razón de su situación económica o social.

    Fomentar e implementar un servicio de defensoría pública orientada a la resolución temprana de conflictos, la mediación y conciliación social.

    Lograr la implementación de un sistema de servicios de asistencia legal y de mediación gratuitos, donde se necesiten y en las materias que se necesiten.

    Garantizar el derecho a una defensa de calidad, integral, ininterrumpida, técnica y competente.

    Garantizar la defensa pública especializada para las mujeres, niños, niñas y adolescentes, víctimas de violencia, nacionalidades, pueblos, comunidades y comunas indígenas.

    Gestionar, inmediatamente, los casos de indefensión de los grupos de atención prioritaria.

    Divulgar, promocionar y entregar los servicios de defensa pública gratuita a las personas en indefensión, a fin de asegurar su oportuno acceso a la justicia.

    Ejecutar los procesos de acreditación y evaluación de los servicios de defensa pública, cuando éstos se deleguen a otras personas jurídicas, ciñéndose a parámetros técnicos y de calidad.

    Desarrollar e implementar un sistema integral de seguimiento y evaluación objetiva del desempeño de los defensores públicos y funcionarios de la institución, mediante indicadores de gestión, estándares de calidad, productividad y competencias profesionales.

    Proponer políticas públicas que le permitan al Estado implementar una estructura técnica, eficiente e institucionalizada de defensa pública, que coadyuve a la consolidación del Estado Constitucional de Derechos y Justicia.

    Presentar periódicamente informes de avance y rendición de cuentas del servicio de defensa pública; y,

    Los demás objetivos establecidos en la Constitución y en la ley

 

 

INAPAM

¿Qué es el Inapam?

Es un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía técnica y de gestión para el cumplimiento de sus atribuciones, objetivos y fines.

Este organismo público es rector de la política nacional a favor de las personas adultas mayores, teniendo por objeto general coordinar, promover, apoyar, fomentar, vigilar y evaluar las acciones públicas, estrategias y programas que se deriven de ella, de conformidad con los principios, objetivos y disposiciones contenidas en la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

El instituto procurará el desarrollo humano integral de las personas adultas mayores, entendiéndose por éste, el proceso tendiente a brindar a este sector de la población, empleo u ocupación, retribuciones justas, asistencia y las oportunidades necesarias para alcanzar niveles de bienestar y alta calidad de vida orientado a reducir las desigualdades extremas y las inequidades de género que aseguren sus necesidades básicas y desarrollen su capacidad e iniciativas en un entorno social incluyente, como se indica en las siguientes páginas web.

¿Quiénes integran el Órgano de Gobierno del Instituto?

Los titulares de las siguientes dependencias:
• Secretaría de Desarrollo Social.
• Secretaría de Gobernación
• Secretaría de Hacienda y Crédito Público
• Secretaría de Educación Pública.
• Secretaría de Salud.
• Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
• Sistema Nacional DIF, IMSS e ISSSTE.

Infraestructura

Los adultos mayores reciben los servicios del Inapam a través de:
• Delegaciones Estatales.
• Subdelegaciones Municipales.
• Coordinaciones Municipales.
• Clubes de la Tercera Edad a nivel nacional.
• Centros Culturales.
• Unidades Gerontológicas.
• Centros de Atención Integral en el Distrito Federal.
• Unidades móviles promotoras de servicios y empleo a la comunidad.
• Departamentos de Asesoría Jurídica.

¿Qué hace y cómo surge el INAPAM?

Ante el abandono que padecen los adultos mayores, en el año de 1979 se crea el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) que antes era llamado Instituto Nacional de la Senectud (INSEN), el cual surgió con el propósito de ayudar y orientar a las personas de la tercera edad así como de crear conciencia hacia toda la sociedad de la importancia que tiene el atender a este grupo poblacional, debido a su rápido incremento no solo a nivel nacional, sino mundial.

Esta institución se encuentra afiliada a la Secretaría de Salud, por lo que también se prevé de servicios médicos a la población que tiene 60 años cumplidos o mas: estos servicios se proporcionan a través de la expedición de una tarjeta que acredita a los individuos como parte del mismo. Desde entonces, este instituto se ha preocupado por velar los intereses de los ancianos que habitan la República Mexicana, sobre todo en lo que tiene que ver con el desarrollo social al tener acceso a todo tipo e servicios, entre los cuales se espera que la Dirección General de Transporte conceda tarifas preferenciales a aquellas personas que cuenten con la tarjeta que certifica su pertenencia a este programa social: uno de los problemas principales es que a pesar de que se encuentra en un decreto presidencial no se ha logrado que todos los ancianos tengan acceso a estos beneficios. El problema principal es que los transportistas no reciben por parte del Estado los subsidios necesarios para que los transportistas no resientan en sus ganancias estos descuentos, a pesar de que en este año se aprobó el Reglamento de la Ley de Desarrollo, Protección e Integración de las Personas Adultas Mayores mediante el cual se exhorta a dar tarifas preferenciales a este grupo vulnerable de la población.

Es necesario el crear conciencia acerca de la dificultad que tienen los adultos mayores para acceder a servicios no solo de transporte, debido a que la población de la tercera edad a nivel mundial ha mostrado una clara tendencia al aumento, por lo cual cada vez se va haciendo mas necesario el implementar servicios que ayuden no solo a la ayuda hacia los ancianos sino hacia el desarrollo sustentable de cada uno, brindándoles el lugar que por tanto tiempo mantuvieron de ser los guías en las sociedades humanas, cambiándolo en la actualidad por la relegación clara que sufren cada vez mas marcadamente.

CONADIS

CONADIS

El Consejo Nacional de Discapacidades, CONADIS, es un organismo autónomo de carácter público, creado en agosto de 1992, a través de la Ley 180 sobre Discapacidades.

Ejerce sus atribuciones a nivel nacional, dicta políticas, coordina acciones y ejecuta eimpulsa investigaciones sobre el área de las discapacidades. Su conformación esdemocrática, en la que participan todas las organizaciones públicas y privadas vinculadasdirectamente con las discapacidades

 

 Visión

 El Consejo Nacional de Discapacidades, será un organismo dinamizador y articulador detodos los sectores de la comunidad para desarrollar acciones de prevención, atención eintegración, con el propósito de prevenir las discapacidades y elevar la calidad de vida delas personas con discapacidad.
Misión
 Es un organismo público y autónomo que genera políticas e información, planifica ycoordina acciones con los sectores público y privado, en el ámbito de las discapacidades y canaliza recursos nacionales e internacionales canaliza recursos nacionales e internacionales.

QUÉ ES EL CONADIS?
 El Consejo Nacional de Discapacidades, CONADIS, es un organismo autónomo de carácter público, creado en agosto de 1992, a través de la Ley 180 sobre Discapacidades.Ejerce sus atribuciones a nivel nacional, dicta políticas, coordina acciones y ejecuta eimpulsa investigaciones sobre el área de las discapacidades. Su conformación esdemocrática, en la que participan todas las organizaciones públicas y privadas vinculadasdirectamente con las discapacidades.

Visión
 El Consejo Nacional de Discapacidades, será un organismo dinamizador y articulador detodos los sectores de la comunidad para desarrollar acciones de prevención, atención eintegración, con el propósito de prevenir las discapacidades y elevar la calidad de vida delas personas con discapacidad.
Misión
 Es un organismo público y autónomo que genera políticas e información, planifica ycoordina acciones con los sectores público y privado, en el ámbito de las discapacidades ycanaliza recursos nacionales e internacionales en este campo.
Funciones y Formular políticas nacionales relacionadas con las discapacidades y  Establecer el Plan Nacional de Discapacidades  y Defender jurídicamente los derechos de las personas con discapacidad
y Coordinar, efectuar el seguimiento y evaluar las acciones que realizan endiscapacidades las entidades del sector público y privado, como se indica en la página web.

OBJETIVOS

•     Coordinar, normatizar, asesorar, promover y difundir con carácter nacional, todas aquellas acciones que contribuyan directa o indirectamente a la integración de las personas con discapacidad, sin distinción de edad, sexo, raza, religión o nivel socio-económico, asegurando una equitativa distribución y acceso a los beneficios que se instituyan.

•     Proponer y elaborar proyectos y programas que permitan la implementación de políticas específicas sobre la integración de personas con discapacidad, con intervención de los organismos nacionales, provinciales y municipales correspondientes y la participación de organizaciones privadas de o para personas con discapacidad, participando en la elaboración de iniciativas destinadas a concretar los objetivos previstos.
•      Efectivizar acciones con el objeto de evaluar el cumplimiento de la Ley Nº22.431 y medidas complementarias, proponiendo los instrumentos adicionales o correctivos que resulten necesarios para que se cumplan sus finalidades.
•  Coordinar los programas que desarrollen sobre la materia las entidades públicas y privadas, organizando un Centro de Información y Documentación Computarizado sobre el tema de la discapacidad.
•     Gestionar la integración de fondos especiales con el fin de favorecer la integración de personas con discapacidad y estimular programas de investigación vinculadas con el área.  Coordinar con las provincias y municipios la implementación de las políticas para las personas con discapacidad, en el ámbitodel Consejo Federal de Discapacidad creado por la Ley Nº lº24.657.
• 
  
  •  Participar, con carácter vinculante, en el análisis de las decisiones que se propongan en el Comité Coordinador de Programas para Personas con Discapacidad en cumplimientode las funciones asignadas por el artículo 3º del Decreto Nº153/96.
  
  
  •     Intervenir en todas aquellas acciones tendientes a asegurar la cobertura prestacional en prevención, asistencia y rehabilitación integral de las personas con discapacidad.
  
  
  •     Intervenir en la elaboración de planes y programas destinados a la formación y perfeccionamiento de recursos humanos especializados en la asistencia a personas con discapacidad.
  
  
  •     Programar, organizar y apoyar campañas permanentes de información, concientización y motivación comunitaria relacionadas con el problema de la discapacidad.
  
  
  •     Alentar la animación comunitaria realizada a través de las comisiones, comités o consejos provinciales y municipales de discapacidad y el fomento de la iniciativa privada, destacando la importancia que tienen las organizaciones no gubernamentales de o para personas con discapacidad en su constante accionar.
  
  
  •     Organizar y mantener actualizado un Centro de Información y Documentación computarizado en relación con la temática de la discapacidad.

Unicef

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (United Nations International Children's Emergency Fund) o Unicef1​ ​ es un programa de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) con base en Nueva York y que provee ayuda humanitaria y de desarrollo a niños y madres en países en desarrollo. Es uno de los miembros y la comisión ejecutiva de la United Nations Development Group.

Originalmente fue creado en 1946 con el nombre de United Nations International Children's Emergency Fund (Unicef), en español: Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia, para ayudar a los niños de Europa después de la Segunda Guerra Mundial. En 1953, Unicef se convierte en organismo permanente dentro del sistema de la ONU, encargado de ayudar a los niños y proteger sus derechos. Su nombre fue reducido al nombre actual, pero se mantuvo el acrónimo original.

Unicef trabaja en más de 190 países y territorios a través de diferentes programas y Comités Nacionales. La base sobre la que guía su trabajo es la Convención sobre los Derechos del Niño y su labor está centrada en cinco esferas prioritarias de trabajo: supervivencia y desarrollo infantil, educación e igualdad de género, la infancia y el VIH/sida, protección infantil y promoción de políticas y alianzas.

La manera de llevar a cabo este trabajo es a través de una combinación de programas de cooperación con los gobiernos nacionales y una planificación en función de los resultados conseguidos. Con este propósito realiza una labor de recopilación y análisis de datos sobre la situación de los niños, las niñas y las mujeres, además de mantener y actualizar bases mundiales de datos. Se preocupa especialmente por las repercusiones que tienen sobre la infancia las diferentes políticas sociales y económicas que se realizan. Cuenta con el Centro de Investigaciones Innocenti que elabora sus propias investigaciones sobre la infancia. También se evalúan y analizan las actuaciones llevadas a cabo en el terreno con el fin de determinar buenas prácticas y lecciones aprendidas.

Otros labores principales de Unicef son actuar en situaciones de emergencia con el objetivo de salvar vidas, aliviar el sufrimiento y proteger los derechos de los niños y niñas. Para lo cual, realiza campañas de adquisición de suministros que serán destinados tanto a los programas de desarrollo como a las actuaciones en situaciones de emergencia.

Unicef trabaja en 193 países y territorios para ayudar a garantizar a los niños el derecho a sobrevivir y a desarrollarse desde la primera infancia hasta la adolescencia, proporcionando alimento, ropa y atención médica a los niños de todo el mundo, y ha intentado asimismo satisfacer sus demás necesidades. Unicef es el mayor proveedor de vacunas para los países en desarrollo, trabaja para mejorar la salud y la nutrición de la infancia; el abastecimiento de agua y saneamiento de calidad; la educación básica de calidad para todos los niños y la protección contra la violencia, la explotación y el VIH/sida.

Unicef está financiado en su totalidad por las contribuciones voluntarias de individuos, empresas, fundaciones y gobiernos. Se le otorgó el Premio Nobel de la Paz en 1965 y el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia en 2006.

Historia
Las necesidades de los infantes recibieron mayor atención en 1959, cuando las Naciones Unidas adoptaron la Declaración de los Derechos del Niño. Se esperaba que el documento generara interés en los problemas infantiles y contribuyera a su solución al fomentar el apoyo del público, tanto en sentido económico como de otras maneras.

Sin embargo, “veinte años después —según el 1980 Year Book, de Collier—, tales ‘derechos’, sobre todo los relativos a la nutrición, la salud y el bienestar material, estaban muy lejos de ser realidad para muchos de los mil quinientos millones de niños del mundo”. Por ello, en reconocimiento de que seguía existiendo la necesidad de resolver los problemas de la infancia y en armonía con los objetivos expresados, las Naciones Unidas declararon 1979 como el Año Internacional del Niño. Grupos gubernamentales, civiles, religiosos y caritativos de todo el mundo reaccionaron con presteza en busca de soluciones. 

Educación e igualdad de género

El segundo de los Objetivos de Desarrollo del Milenio es lograr la enseñanza primaria universal. La educación además de ser un derecho humano fundamental, supone un elemento crucial para el desarrollo de las personas y las sociedades, contribuyendo a la mejora de la vida de las personas y ayudando a erradicar el círculo vicioso de la pobreza.

Sin embargo, alrededor de 57 millones de niños no están escolarizados, de los cuales el 42 % vive en países empobrecidos. Las peores tasas de escolarización primaria se dan en el África subsahariana. Hay 120 millones de niños que no llegan al último grado de primaria y 130 millones más que no adquieren los conocimientos básicos, no saben leer, escribir ni contar correctamente.

El trabajo de Unicef en este ámbito está encaminado tanto a la consecución de los ODM relativos a la educación y la igualdad de género (objetivos 2 y 3), como a los objetivos de la Educación para todos que supone un compromiso mundial para dar educación básica de calidad a todos los niños, jóvenes y adultos.

Unicef trabaja en más de 150 países en desarrollo y sus prioridades de Unicef en materia de educación son: La igualdad de oportunidades en el acceso a la educación y la educación primaria universal. El fomento de la autonomía de las mujeres a través de la educación de las niñas y la igualdad entre los géneros. La educación en situaciones de emergencia y después de las crisis. El desarrollo de la primera infancia y preparación a la escolaridad. La mejorar la calidad de la educación primaria y secundaria.

Los esfuerzos son constantes en el sentido de asegurar a cada niño y niña del mundo el derecho que tienen a la educación. La estrategia de aceleración en la matriculación de las niñas se ha efectuado en al menos 25 países durante el periodo 2002-2007.

Protección infantil

A pesar de que todos los niños tienen derecho a la protección contra cualquier forma de violencia, explotación y abuso, millones de niños de diferentes estratos socioeconómicos, edades, religiones o culturas continúan expuestos a este tipo de situaciones de desprotección en todo el mundo. Sin embargo, género, raza, origen étnico o estatus socioeconómico hacen que algunos niños y niñas sean especialmente vulnerables.

Estar expuesto a situaciones de violencia, explotación y abuso puede afectar, a corto y a largo plazo, al correcto desarrollo físico y cognitivo de los niños, repercutiendo en sus capacidades para el aprendizaje y la socialización e influenciando negativamente en su transición hacia la vida adulta.
Algunos ejemplos de situaciones donde es especialmente necesaria la protección son: ante la no inscripción del nacimiento, el trabajo infantil, el matrimonio infantil, la trata de menores, los niños y niñas en situaciones de emergencia por conflictos armados, los menores en conflicto con la ley, los niños y niñas sin la atención de sus progenitores, los menores huérfanos de uno o ambos padres o bajo tutela institucional, la mutilación genital femenina, la explotación sexual o la violencia contra los niños y niñas.

Unicef trabaja en la recopilación de datos que puedan reflejar de la manera más precisa posible la situación de estos niños y niñas. De esta manera, una vez visibilizado el problema y con la colaboración de gobiernos, aliados, sector privado y sociedad civil poder poner en marcha diferentes medidas de protección.
El 11 de octubre de 2013, en las instalaciones de la Legislatura Porteña en Buenos Aires (Argentina) se lanzó la Red Argentina del Efecto Niña Adolescente Sustentable (RAENAS) junto a Codigo R, Ecomujeres, Nodo Centro, Multimedios Vip, y más de 50 instituciones, proponiendo la interacción institucional como eje de trabajo, iniciando un nuevo compromiso de articulación público-privado que potencie la generación de replicadores de mensajes en pos del cuidado de la niñez y adolescencia. En octubre de 2014 el equipo presenta a UNICEF el primer informe anual de actividades y proyectos realizados como se muestra en la siguiente página web.

Promoción ejecutiva de proteger a los niños y sus derechos de políticas y alianzas en pro de los derechos de la infancia

Los problemas relativos a la infancia pueden ser acometidos desde diferentes ámbitos. Unicef se centra en analizar la repercusión que tienen sobre la infancia las diferentes políticas públicas. También estudia si dichas políticas siguen las normas y estándares que están predeterminadas para la política como el consejo de protección infantil establecen la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, para poder es situar los derechos de la infancia en el centro de la política pública.

Para realizar esta labor, Unicef trabaja con gobiernos, diferentes instituciones públicas y privadas, la sociedad civil y los grupos de beneficiarios, con la intención de que las medidas que tomen sean adecuadas al problema y sostenibles y duraderas en el tiempo.

Unicef ha aumentado sus intervenciones de promoción de políticas y alianzas. Las está realizando en países en desarrollo e industrializados ya que a raíz de la crisis económica una creciente cantidad de países se están tomando medidas de austeridad fiscal. Estas actuaciones han aumentado el riesgo y han reducido las prestaciones de servicios y las medidas de protección social. Asimismo, en agosto de 2016 fue anunciada la asociación con el programa la fundación Happy Hippie, una organización sin fines de lucro de Estados Unidos fundada por la artista Miley Cyrus, para colaborar en la ayuda humanitaria durante la guerra de Siria, principalmente a los niños del país.

ACNUR

                                                              El ACNUR en Ecuador

Desde el año 2000, la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, trabaja en Ecuador apoyando al Estado para proteger a la mayor población refugiada de América Latina. En un 95% ésta población compuesta por personas que huyen del conflicto armado interno del vecino país Colombia.

En cumplimiento de su mandato internacional y de conformidad con las garantías constitucionales nacionales, el ACNUR:

•     Vela por la protección de las personas refugiadas, expandiendo el espacio de la protección al favorecer políticas públicas, prácticas administrativas y mediante intervenciones específicas.

•     Potencia los derechos de las personas refugiadas en el Plan del Buen Vivir del Ecuador promoviendo un ambiente favorable a la integración local y naturalización de refugiados reconocidos en el país.

•     Asume la responsabilidad de buscar soluciones duraderas que incluyan  el uso estratégico del reasentamiento como instrumento de protección y como herramienta de solidaridad, así como una repatriación voluntaria al futuro

•     Combate la xenofobia y la discriminación, junto a la sociedad civil y organismos estatales, a través de campañas diseñadas para promover la solidaridad y la convivencia pacífica.

Hasta septiembre de 2016, el Estado ecuatoriano ha  reconocido a 60.329 personas refugiadas en el país. El 95 % de ellos son ciudadanos colombianos. En promedio, 418 personas cruzan la frontera en busca de protección internacional cada mes. Además, 233.049 personas han solicitado el reconocimiento de la condición de refugiado en el Ecuador, en su mayoría de Colombia, desde 1989 a 2016. En el programa Modelo de Graduación del ACNUR, 1.500 hogares de interés van a participar para superar su situación de pobreza extrema. 

 Nuestro deber es proteger, nuestra responsabilidad es buscar soluciones

Marco legal

Ecuador ratificó la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados en 1958 y su Protocolo Adicional de 1967, en 1969. Estos instrumentos están reglamentados en el Decreto Presidencial No. 1182, de 30 de mayo de 2012, que regula el sistema de asilo en el país. Este decreto eliminó la definición de refugiado contenida en la Declaración de Cartagena sobre Refugiados de 1984 que era parte del anterior Decreto Presidencial No. 3301, hoy derogado. La Constitución de la República del Ecuador de 2008 reconoce los principios de movilidad humana y ciudadanía universal, así como "los derechos de asilo y refugio" (art. 41).
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) es la agencia de Naciones Unidas que brinda protección y asistencia a los refugiados en el mundo.

El ACNUR fue creado en 1950 por la Asamblea General de las Naciones Unidas y comenzó a trabajar el 1 de enero de 1951 para ayudar a más de un millón de refugiados europeos que se quedaron sin hogar tras la Segunda Guerra Mundial. Su sede se ubica en Ginebra, Suiza.

Hoy en día, el ACNUR no sólo proporciona asistencia a los refugiados, sino también a otras categorías de personas necesitadas. Entre ellos se cuentan solicitantes de asilo, refugiados que han regresado a sus hogares (retornados), personas apátridas, y un grupo importante de los denominados desplazados internos, cuya cifra global se calcula en unos 33.4 millones de personas en todo el mundo. El total de personas desarraigadas, tanto bajo el amparo del ACNUR como fuera del área de su competencia, supera los 51.2 millones, resultado de conflictos persistentes y nuevos en diversas partes del mundo.

Desde su creación, el ACNUR ha proporcionado asistencia a más de 50 millones de refugiados, lo cual le ha merecido el reconocimiento de dos Premios Nobel de la Paz en 1954 y en 1981.

¿Qué hace?

Generalmente los gobiernos garantizan los derechos humanos básicos y la seguridad física de sus ciudadanos. Pero, cuando las personas se convierten en refugiados esta red de seguridad desaparece. Los refugiados que huyen de la guerra o de la persecución a menudo están en una situación muy vulnerable al no tener la protección de su propio Estado.

Utilizando la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, y su protocolo de 1967, como su herramienta más importante, el mandato principal del ACNUR es garantizar la protección internacional de aproximadamente 34 millones de personas desarraigadas en el mundo, así como se indica en la página web .

Sabías que…

Cuando el ACNUR inició sus labores, en enero de 1951, contaba con un personal de 34 funcionarios, basado principalmente en Ginebra, y tenía un presupuesto de aproximadamente 300.000 dólares (USD). En seis décadas, la Agencia de la ONU para los Refugiados ha incrementado sus operaciones y, en la actualidad, cuenta con más de 250 oficinas en 126 países y un personal de unos 7.685 funcionarios.

Los programas del ACNUR se financian a través de contribuciones voluntarias, principalmente de gobiernos, pero también de otros grupos, incluyendo ciudadanos y organizaciones privadas. Recibe una contribución anual del presupuesto regular de las Naciones Unidas, limitada al dos por ciento del presupuesto total del ACNUR, que cubre solamente una fracción de sus costos administrativos.
ACNUR trabaja en Ecuador desde el año 2000. Hoy cuenta con oficinas en Quito, Ibarra, Tulcán, Guayaquil, Cuenca, Lago Agrio, y Esmeraldas. Conoce más sobre el trabajo en la página web.